La decisión del Tribunal Superior de Bogotá cayó como una explosión en los ámbitos político y social de Colombia. El Tribunal dice que le pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al expresidente Belisario Betancur para que determine su responsabilidad en la desaparición de 10 personas durante la retoma del Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando fue atacado por un comando armado del M-19. Asimismo, el pronunciamiento judicial establece que el ejército pida perdón por su actuación desmedida. Recordemos: La guerrilla del M-19, en una operación demencial toma el Palacio de Justicia, en Bogotá, con 350 rehenes. La retoma se salda con una masacre de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y con el edificio consumido por las llamas provocadas por el uso de armas pesadas.
En junio del 2010 El Archivo Nacional de Seguridad de EE.UU. desclasificó documentos sobre la desaparición de los civiles en 1985 en el Palacio de Justicia en Bogotá. Según el Instituto, el telegrama de 1999 de la embajada de Estados Unidos dice que ese comando bajo la orden de Plazas, coronel en retiro del Ejército Nacional, “mató a un número de miembros de la (guerrilla) M-19, miembros y colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
El resto de informes desclasificados se refieren al destino de las guerrillas detenidas durante la operación, entre ellas, una que dice que “las guerrillas supervivientes han sido tomadas como prisioneras” y otro, fechado dos días después, que informa de que “ninguna guerrilla sobrevivió”.
Asimismo, después de cuatro años de labores, en diciembre del 2009, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia entregó su informe a la Corte Suprema. El texto, de más de 300 páginas, reconstruye históricamente lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985. En un acápite se lee: “Infortunadamente, el proceder de las Fuerzas Armadas desbordó de modo ostensible las potestades que la Constitución y las leyes le conferían, en su objetivo esencial de dominación rápida, se ejerció una fuerza excesiva, por lo que no vacila la Comisión en calificar la acción de ilegítima, desproporcionada y copartícipe del Holocausto”.
Además de desconocer las órdenes del presidente Betancur - como una aparente orden del cese del fuego y el envío de un mediador al Palacio - y de desinformar al Gobierno, el Ejército no informó sobre un emisario que había sido liberado por el M-19 específicamente para pedir un cese al fuego. Se trataba del Consejero de Estado Reynaldo Arciniegas.
En otro capítulo se afirma que: “hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, afirma la Comisión. No obstante, no concluye de manera precisa en qué nivel se dio el apoyo de Pablo Escobar al grupo guerrillero.
Una de las reacciones al reciente veredicto del Tribunal Superior de Bogotá es que éste las habría emprendido con mano dura en contra de los representantes del Estado del momento y, con mano blanda, con los causantes primeros de la tragedia, los guerrilleros del M-19.
Hemos llamado telefónicamente al entonces ministro del Interior del gobierno de Belisario Betancur, Jaime Castro, para conocer su versión de los hechos. Su conclusión es categórica: todo parece indicar que será necesario una legislación que ponga punto final a este momento trágico de la vida nacional.
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