razones de la palabra

Reporteros sin Fronteras reaccionó así a la decisión del gobierno ecuatoriano: “Rafael Correa demostró cordura al decidir él mismo renunciar, en estos dos casos, a sanciones que tendrían consecuencias temibles para la libertad de expresión. Queremos creer que el jefe de Estado, como lo afirmó hoy, nunca deseó enviar a nadie a prisión. Sin embargo, en el caso de El Universo, ¿era necesario esperar un fallo judicial de esta magnitud para, a fin de cuentas, elegir la mansedumbre? Desafortunadamente, un año de proceso judicial permitió que la polémica creciera y que la polarización se agravara. Esperamos que este clima se calme con el perdón presidencial y que los delitos de prensa sean despenalizados pronto”.

Hay que intentar poner las cosas en su lugar, para no caer en la tentación de las reacciones simpatía – antipatía. El caso que nos ocupa tiene raíces profundas y resulta demasiado sencillo despacharlo con aquello de: “ha sido un claro atentado a la libertad de expresión”. Acusar al Presidente de la república de “haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente” no es moco de pavo. No es una simple opinión, ya que se le inculpa de crimen de lesa humanidad o, en el mejor de los casos, de veleidades asesinas. Sin aportar ni una prueba, ni un indicio.

No estamos aquí frente a un caso de libertad de expresión, sino frente al derecho a la información, que es algo muy diferente. Y la información ofrecida se confunde con la opinión, y constituye por su falsedad, delito de difamación. La libertad de expresión tiene dos dimensiones: la del derecho a expresarse libremente, sin cortapisas de ninguna naturaleza, y la del deber de informar verazmente. Las opiniones libres, están, en consecuencia acotadas, por la necesidad de la veracidad. Se trata de un elemento central en cualquier discusión sobre la libertad de expresión, Quiero citar aquí, en defensa de este criterio la referencia que hace el profesor Marc Carrillo, Catedrático español en Derecho Constitucional cuando cita al Tribunal Constitucional de su país que interpreta que: "El requisito de la veracidad no va dirigido tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información cuanto a negar la protección constitucional a los que, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable por transmitir como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones" (sentencia 178/1993).

La libertad de expresión no puede ser excusa para transgredir la ley, ni menos para denigrar falsamente a las personas, sean presidente o dueñas de casa. En esta justa medida el reclamo del gobierno ecuatoriano está plenamente justificado. Lo que no se justifica de manera alguna es la magnitud que adquirió la acusación, a tal grado de concluir con una condena de cárcel de tres años y una indemnización de cuarenta millones de dólares.

Delitos de injuria de la prensa deberían ser canalizados y tratados de otra forma. ¿Cuáles? La autorregulación es una posibilidad. Me refiero a la práctica institucionalizada de una Comisión Nacional de venerables, de funcionamiento autónomo del Estado y cuyos veredictos deben ser públicos. La sanción ético moral tiene connotaciones decisivas en el prestigio de los medios y de sus profesionales, de consecuencias mucho más duraderas que las penas represivas, siempre sujetas a interpretaciones parciales. La participación de Consejos de Lectores o de Observatorios de Medios es otra alternativa. Se entiende que mientras más lejos esté el Estado en estas cuestiones tanto mejor para la libertad de expresión.

El Presidente Rafael Correa, con su perdón, ha dado muestras de capacidad de escuchar las voces nacionales y extranjeras que apelaron críticamente a la condena. Asimismo asume, como autoridad, una actitud que muchos gobernantes olvidan, la de rectificar y actuar para el bien común. En este caso, evitar polarizaciones sociales que encrespan la vida nacional. Su error es dar la impresión de someter tan delicada materia a un estado de ánimo, y un país no puede manejarse con estados de ánimo.

Lo importante es ahora evitar, con todas las fuerzas, que este turbio episodio termine por imponer la autocensura o el miedo entre el periodismo. Si la libertad de expresión - entendida como realmente lo que es: pensar lo que uno quiere y decir lo que uno piensa, pero…con mesura - está para ampliar los espacios democráticos, ningún gobierno ni ningún medio tiene el derecho de aprovecharse de ella o limitarla para acallar a los que no piensan como nosotros.

Escuche la entrevista a Marc Carrillo, Catedrático español en Derecho Constitucional.