razones de la palabra

Los países de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobaron la semana recién pasada en Washington un documento que puede afectar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Casi al concluir el año 2011 los representantes de la OEA aprobaron un documento para reformar la CIDH. Ese documento podría perjudicar severamente a la Relatoría para la Libertad de Expresión, concretamente en tres puntos:

1- Se incorporaría todos los informes de las relatorías en un capítulo único del informe anual de la CIDH. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es actualmente la única que elabora su propio informe.

2- Se asignarían recursos “adecuados, suficientes y balanceados” a cada relatoría, grupo de trabajo y unidad de la CIDH. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también es la única que no recibe financiamiento directo de la CIDH ni de los fondos generales de la OEA, pues una de sus atribuciones es recaudar sus propios recursos, que son superiores a los de otras relatorías.

3- Se establecería un Código de Conducta que regule la gestión de las relatorías para asegurar la coordinación con los Estados miembros. Esto podría restringir la posibilidad de que la relatoría emita comunicados sobre ciertos temas de actualidad.

En pocas palabras lo que parecer buscarse es la eliminación de la independencia de la Relatoría. Aspiración lamentable porque la fragilidad de instituciones democráticas de América Latina precisamente radica en su falta de independencia, en la pleitesía que deben a gobiernos y autoridades. Pero el debate ha tenido defensores de la función que actualmente desarrolla al Relatoría a cargo de la abogada colombiana Catalina Botero.

Las recomendaciones aprobadas el miércoles pasado se fueron con el expreso punto de vista crítico de cuatro países: Costa Rica, Uruguay, Panamá y Canadá, quienes argumentaron que estas recomendaciones no pueden ser aceptadas. Otras naciones hablaron sobre la importancia de la libertad de expresión, pero no fueron al meollo del asunto. Se quedaron, como ocurre muchas veces, en el discurso teórico ajeno a una postura clara y definida. Pareciera que la demagogia no se ha dado cuenta que los tiempos del anónimo han terminado (salvo en Internet)

Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que tomar la decisión de qué hacer. Es cierto que varios países insistieron en que eran simples recomendaciones pero por el otro lado aprobaron solicitarle al Secretario General, José Miguel Insulza que elabore un informe para la asamblea general de la OEA, y el peso de los Estados miembros es decisivo a la hora de decidir el futuro de estos organismos.

Lo lamentable, como lo dijo oportunamente a Radio Nederland José Miguel Vivanco, Director para las Américas de HRW, es que países tan democráticos como Brasil abran la posibilidad para que esto pase simplemente por una reacción desproporcionada a una decisión de la CIDH que no comparten, sin evaluar seriamente que se pone en riesgo todo un sistema que ha tardado 50 años en construirse y que es de los pocos que tienen las víctimas de derechos humanos cuando en sus países no hay salida.

La mirada corta de unos cuantos países puede afectar a millones.

Otro perfil del caso son las declaraciones del Presidente y el Canciller de Ecuador quienes dicen que Estados Unidos no debe intervenir en ninguna forma, ni siquiera financieramente, en la CIDH, en la medida que no está vinculado a esta Comisión. Existe material abundante que demuestra que esta información no es correcta. Por ejemplo, la Presidenta de la CIDH Dinah Shelton en la reunión del Consejo Permanente del 25 de enero, dijo que la Comisión Interamericana tiene idéntica competencia para proteger los derechos humanos en todos los Estados miembros de la organización. Este mandato surge de la propia Carta de la OEA de 1948 que fue la que creo a la Comisión Interamericana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Estos dos documentos vinculan a todos los Estados, incluyendo a Estados Unidos.

Cosa distinta es que Estados Unidos no haya firmado otros tratados de derechos humanos y no esté vinculado a la Corte Interamericana. Esa posición en nada afecta la competencia de la CIDH y a la Relatoría Especial. En cumplimiento de este mandato de origen, la Comisión ha emitido reiteradamente pronunciamientos e informes muy críticos sobre el centro de detención en la base naval estadounidense en Guantánamo Bay, Cuba. Ha realizado visitas a centros de detención de migrantes en Estados Unidos y ha publicado un informe en el que se hace un análisis crítico acerca de diversas fallas en el debido proceso y condiciones de detención de las personas migrantes en Estados Unidos. Asimismo, ha emitido medidas cautelares y resuelto casos a favor de personas condenadas a pena de muerte en los Estados Unidos, entre otros.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, por su parte, ha emitido comunicados de prensa, por ejemplo, sobre la detención de periodistas en el marco de las protestas de "Occupy Wall Street", sobre las sanciones contra periodistas por no revelar sus fuentes, sobre el tema de Wikileaks, y sobre propuestas de ley que podrían afectar la libertad de expresión en Internet. Asimismo, en su último informe anual, en la sección correspondiente a los Estados Unidos, la Relatoría manifestó su preocupación sobre asuntos como la aplicación de las leyes de terrorismo contra activistas, problemas en materia de acceso a la información, la neutralidad en Internet, amenazas contra medios de comunicación, la detención de periodistas y manifestantes en el marco de protestas, la reserva de fuentes periodísticas, y la prohibición contra ciertas periodistas de seguir cubriendo los juicios en la base naval de Guantánamo, Cuba, entre otros.

La movilización de organismos locales e internacionales ha sido importante en torno al tema y no cabe duda que aumentará a medida que se acerque la Asamblea General de la OEA para pedir que los países se pronuncien clara y públicamente sobre su posición para fortalecer o debilitar a organismos tan esenciales en la región como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

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